Los precios del petróleo y sus derivados se desplomaron a niveles cada vez más bajos en el mercado internacional. En Costa Rica, la gasolina Súper pasó de ₡624 en enero a ₡552 en diciembre; la gasolina Plus 91 disminuyó en ₡75 y pasó de ₡604 en enero a ₡529 en diciembre; el diésel sufrió una rebaja de ₡93 al pasar de ₡543 en enero a ₡450 en diciembre. Sin embargo, las bajas para el consumidor final se vieron limitadas, debido a la aprobación legislativa de la Ley N°9840 “Protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad Covid-19”, publicada en el Alcance N°95 de La Gaceta N°88, del 22 de abril del 2020. Dicha ley creó un subsidio, por el diferencial de precios de las gasolinas, cuyo fin fue brindar atención a aquellas personas cuyos ingresos se vieron afectados por la COVID-19, ya sea por despido, reducción en la jornada laboral o suspensión del contrato, así como a emprendedores y emprendedoras independientes, informales y temporales afectados.
El subsidio correspondía al diferencial entre los precios en terminales y el menor precio de venta que resultara de la aplicación de la metodología aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Dicha diferencia se debía trasladar al Ministerio de Hacienda en los primeros cinco días hábiles de cada mes. El plazo de cobertura del subsidio fue por tres meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley y del decreto ejecutivo 42227-MP-S, por lo que se mantuvo desde la última semana de abril hasta julio.
